Las Américas

CONTEXTO GENERAL

La violencia extrema continuó caracterizando los ataques dirigidos a quienes se atrevieron a levantar la voz por la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Mientras que las amenazas de muerte y las agresiones físicas fueron las violaciones más denunciadas, la intimidación, hostigamiento, vigilancia, difamación, estigmatización y homicidio fueron habituales, a la vez que seguía reinando la impunidad. Front Line Defenders registró un aumento del uso de las detenciones arbitrarias y la vigilancia en esta región. Los/as DDH fueron tomados como objetivo, tanto por actores estatales como no estatales: instituciones del estado, entre ellas las fuerzas de seguridad, paramilitares, grupos criminales, compañías de seguridad privadas o asesinos a sueldo de las compañías nacionales y transnacionales.

Estuvieron especialmente en riesgo los defensores medioambientales y por el derecho a la tierra, desafiando los intereses económicos y políticos del gobierno y las compañías privadas en Brasil, Colombia, Guatemala, México, Honduras y Perú. Estos recibieron amenazas, fueron espiados, atacados o asesinados. El uso de falsas acusaciones fue particularmente notable. En septiembre, en Guatemala, dos integrantes de la Coordinadora Central Campesina Ch'orti "Nuevo Día" fueron arrestados/as por presunta "incitación al desorden público" después de unas protestas pacíficas que exigían la anulación de dos decretos que criminalizaban a las comunidades indígenas por oponerse a las actividades mineras y violaban el derecho a la consulta previa. Los/as DDH fueron liberados/as tres días después, cuando un juez determinó que las acusaciones eran infundadas.

Las mujeres defensoras de los derechos humanos siguen siendo objeto de múltiples formas de discriminación y ataques. En octubre, Bárbara Díaz Surin, lideresa de una comunidad que se opone a la construcción de una planta cementera en Guatemala, fue detenida por un grupo de 40 policías, de los que solo uno era mujer. Al día siguiente, durante la audiencia preliminar - en la cual no se le facilitó un intérprete de su lengua indígena-, el juez dictó prisión preventiva durante el tiempo que durase la investigación, a pesar de que la defensa solicitó arresto domiciliario para que pudiese atender a sus siete hijos. La próxima audiencia tendrá lugar a comienzos del 2015.

A pesar de que en algunos países ha habido ciertos progresos, la homofobia y la desigualdad, basadas en la orientación sexual y la identidad de género, sigue siendo generalizada y afecta a los defensores y defensoras de los derechos del colectivo LGBTI. En Brasil, en junio, el Presidente del Conselho Municipal LGBT de Teresina recibió un mensaje de texto de un grupo autodenominado Imandade Homofobica (Hermandad homofóbica), donde amenazaban con eliminar a todos los integrantes de la organización. En marzo, amenazaron a una integrante de la organización LGBTI Grupo Matizes después de haber hecho declaraciones a la prensa donde relacionaba a Imandade Homofobica con un ataque homofóbico ocurrido el año anterior. Front Line Defenders denunció ataques contra defensores y defensoras de los derechos del colectivo LGBTI en Brasil, Ecuador y Honduras.

Las amenazas de muerte fueron la violación más habitual registrada por Front Line Defenders contra DDH en la región. Se documentaron denuncias en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela. En enero, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) de Bolivia denunció públicamente casos frecuentes de intimidación y amenazas de muerte contra su director y sus empleados, relacionados con su lucha contra la tortura. En Colombia, Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, que trabajan en la defensa del derecho a la tierra con las comunidades de Curbarad, en la región de Uraba, recibieron varias amenazas de muerte. Para cuando se vieron forzados a salir del país, habían contabilizado más de 80 amenazas, incluyendo varios intentos de asesinato, contra ellos y sus familias. En México, la defensora por los derechos de los pueblos indígenas, Silvia Perez Yescas, apenas regresaba de su ciudad natal tras una larga ausencia, cuando fue informada de que se ofrecía una recompensa de 100.000 pesos por su cabeza.

Se denunciaron casos de detención y hostigamiento judicial en Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Compañías privadas nacionales y transnacionales, su personal -de forma individual- e instituciones gubernamentales iniciaron demandas penales, civiles y otro tipo de procesamientos judiciales contra los/as DDH. En septiembre, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, ambos voceros de la tribu Yaqui del estado de Sonora, México, fueron arrestados y procesados con falsas acusaciones por "privación ilegal de la libertad" y "robo de un vehículo automotor". La tribu Yaqui -que cuenta con el 50% del derecho al agua del Río Yaqui- ha estado trabajando para impedir el desvío de agua de este río hacia el Acueducto Independencia.

La Copa Mundial de Fútbol que se jugó en Brasil fue acompañada por la represión policial de las protestas sociales. En julio, Eloisa Samy, abogada de derechos humanos, fue arrestada en Rio de Janeiro durante las redadas llevadas a cabo por la fuerza policial, en las que se arrestó a 19 manifestantes y la policía allanó los hogares de los/as DDH y de los manifestantes.

Se denunciaron homicidios en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú. A partir del 1 de noviembre fueron asesinados 47 DDH en Colombia, 16 en Guatemala y Honduras, 12 en Brasil, 5 en México y 4 en Perú. En la mayoría de los casos se trata de DDH que trabajaban en la defensa por el derecho a la tierra y el territorio, esto indica un patrón de agresión sistemática hacia defensores/as de los derechos de los campesinos, pueblos indígenas y afro-descendientes.

Se siguieron denunciando agresiones físicas, incluso durante la detención. En enero, en Ciego de Ávila, Cuba, 7 DDH fueron atados y arrastrados por una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria, mientras que agentes de la policía los golpeaban. Durante el traslado a la estación de policía, uno de ellos, Juan Carlos González Leiva, quien tenía las manos atadas en la espalda, recibió varios golpes en el rostro y la cabeza. Al salir del vehículo lo estrangularon hasta que quedó inconsciente. Front Line Defenders denunció estos ataques en Brasil, Cuba, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.

Se orquestaron campañas de estigmatización contra DDH en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, en forma de declaraciones de altos funcionarios públicos o campañas difamatorias en los medios de comunicación. En Venezuela, el Ministro de Justicia y del Interior acusó a Humberto Prado Sifontes, quien trabaja por unas condiciones dignas en las prisiones, de formar parte de una conspiración para "desestabilizar el sistema penitenciario". En El Salvador, las mujeres DDH que hacían campaña por el indulto de 17 mujeres encarceladas por cargos relacionados con el aborto, debieron enfrentar una violenta campaña de difamación en los medios de comunicación conservadores: uno de los grupos de medios publicó un artículo que daba información falsa sobre el financiamiento de la Campaña Libertad para las 17. En los días siguientes, otras fuentes de medios de comunicación publicaron artículos y editoriales, que llevaron a que varias de las mujeres DDH recibieran amenazas.

Brasil celebró en noviembre el 10° aniversario de su Programa Nacional de Protección para defensores de derechos humanos (PPDDH). Durante el año brindó protección a 342 DDH a nivel federal y estatal. A pesar de estas cifras significativas, siguen existiendo serias deficiencias en los recursos disponibles para el Programa, su alcance y la falta de un marco legislativo. En Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no supo cumplir con su misión de ofrecer una protección efectiva. Los/as DDH consideran ineficaces sus medidas, ya que la UNP no se diseñó para atender las raíces de las causas de la inseguridad, y además, un grave escándalo de corrupción erosionó aún más su credibilidad. En México, donde se alcanzaron algunos progresos en la implementación del Programa Nacional de Protección, las largas demoras en la evaluación de los casos, la falta de personal capacitado adecuadamente y los limitados recursos financieros, afectaron sus capacidades de operar.

URGENT CASES

2015/08/27

El 21 de agosto de 2015, el defensor de derechos humanos Miguel Ángel Zenón finalmente logró entrar en su vivienda cuatro días después de que la misma hubiuese sido allanada, causando daños en la puerta principal. Identificaciones y varios documentos...

2015/08/25

El 24 de agosto de 2015, a las 4:30 de la tarde, se celebrará una audiencia de apelación en relación con la detención preventiva de la Sra Margoth Escobar, defensora de derechos humanos, de 61 años de edad, arbitrariamente arrestada y detenida el 13 de agosto de...

2015/08/25

El 17 de agosto de 2015, la Sra. Elizabeth Zúñiga, defensora de derechos humanos, denunció públicamente que su vehículo había sido saboteado, posiblemente con la intención de asesinarla.

2015/08/17

El 17 de agosto de 2015, unaaudiencia de deportación se va a llevar a cabo tras la cancelación de...

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En la noche del 29 de julio de 2015, un motociclista desconocido disparó varios veces frente a la oficina de la organización de derechos humanos Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala(CALAS).