Las Américas

CONTEXTO GENERAL

En el 2012, la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en Latinoamérica sigue siendo muy preocupante. El uso de violencia contra DDH constituyó la tendencia más dramática. Perio- distas, sindicalistas, ambientalistas y defensores del derecho a la tierra enfrentan serias amenazas y fueron blanco de ataques violentos en toda la región; entre los más vulnerables se hallan quienes defienden los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la mujer y de las personas LGBTI. Aunque esta vio- lencia se observa en el contexto de muchos países en los que ha habido un colapso general en materia de seguridad, DDH siguen siendo específicamente atacados desde una variedad de espacios: el gobierno, los militares, grupos criminales, grupos transnacionales de narcotráfico y matones a sueldo.

En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que “[los Estados parte] deben llevar a cabo procesos de consulta previa, libre e informada antes de iniciar proyectos que puedan afectar el territorio de los pueblos indígenas y sus comunidades u otros derechos básicos para su supervivencia”2. Los vastos recursos minerales y naturales continúan atrayendo compañías mineras e industrias extractivas que tienen un efecto notorio sobre el paisaje, en el que están operando quienes trabajan por los derechos de los pueblos indígenas, el ambiente y el acceso a la tierra. Reforzar la fiscalización de las actividades mineras condujo a un incremento de la protesta social y la oposición. Las fuerzas del gobierno y, cada vez más, las compañías de seguridad privadas implementan tácticas violentas contra quienes defienden a las comunidades afectadas.

En el 2012, Front Line Defenders informó sobre el asesinato de diez defensores de los derechos hu- manos y sus familiares en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México. En Brasil, cuatro DDH fueron asesinados en los meses de abril, junio y agosto: Raimundo Alves Borges había formulado denuncias for- males respecto de actividades ilícitas asociadas con la compra y venta de tierras; Almir Nogueira de Amorim y João Luiz Telles Penetra integraban la Asociación de Hombres de Mar; el abogado de derechos humanos Diego Luiz Berbare Bandeira denunció los abusos perpetrados por la policía civil y militar, directores de penitenciarías y otras autoridades. En Colombia, Manuel Ruiz, quien trabajaba por el derecho a la restitu- ción de tierras a las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamiandó fue asesinado en marzo junto con su hijo. Entre las altas cifras de víctimas de asesinato en Honduras se halla Manuel Díaz Mazariegos, asesinado en septiembre, dos días después del asesinato de Antonio Trejo Cabrera, representante legal de un movimiento campesino. En México, en abril, Regina Martínez Pérez, periodista que reportaba sobre los carteles de droga y los lazos entre grupos del crimen organizado y funcionarios gubernamentales, fue golpeada y estrangulada. Los casos informados por Front Line Defenders representan solamente una parte del total de personas asesinadas en la región debido a su compromiso con los derechos humanos.

Quienes sobrevivieron a atentados contra su vida afrontan trauma físico y psicológico no solamente debido al ataque sino también por causa de la impunidad que gozan los agresores. Defensoras y defenso- res sufrieron atentados en Guatemala, Honduras y Venezuela: en Honduras, en enero, Gonzalo Cruz fue ba- leado por la policía, y Juan Vázquez y Sotero Chavarría fueron baleados en junio cuando regresaban de una reunión sobre un conflicto por la tierra en una comunidad indígena. En Venezuela, Víctor Martínez sobrevivió a un atentado contra su vida frente a su domicilio, en el mismo lugar donde habían baleado a su hijo dos años antes. Otros atentados fueron reportados en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador y Honduras.

Se denunciaron desapariciones en Colombia, Ecuador y México. José Enrique Morales Montaño, defensor mexicano, fue secuestrado por cuatro hombres enmascarados que se movilizaban en un camión cuando se dirigía a una reunión con un grupos de trabajadores textiles en la ciudad de Puebla, en el área central de México. Estuvo retenido durante 17 horas, le encañonaron con un arma en la cabeza varias ve- ces y lo amenazaron de muerte tanto a él como a sus colegas.

En Colombia, Guatemala, México y Perú se reportaron casos de acusaciones penales fabrica- das. En Perú, un DDH que trabajaba en casos de desalojos forzados fue acusado falsamente de violencia agravada contra un funcionario público, aunque finalmente fue absuelto. La criminalización de DDH consti- tuye un intento no solo por silenciar su labor sino también para socavar su credibilidad dentro de la misma comunidad. Así también, los medios de comunicación locales y los políticos hacen uso de campañas de difamación públicas para restar legitimidad a la tarea de DDH. Front Line Defenders también informó sobre casos de campañas de difamación en Argentina, Guatemala y México y sobre arrestos arbitrarios en Colombia, Cuba, México y Perú.

Los hogares y oficinas de DDH siguen siendo vulnerables a allanamientos ilegales y ataques que constituyen intentos para robar información sensible y equipamiento de valor y obstaculizar su tarea. Estas situaciones y el robo de insumos se denunciaron en Brasil, Colombia, Costa Rica y El Salvador.

Las amenazas de muerte, intimidación y hostigamiento fueron las formas más comu- nes de advertir a las defensoras y defensores de los derechos humanos que su labor había “cruzado la línea” y que no la tolerarían. Front Line Defenders recibió información sobre múltiples casos de amenazas e intimidación en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Además, pese a todas estas situaciones de amenazas y ataques físicos, la impunidad en la región sigue siendo muy alta. El hecho de que los responsables no son castigados no solamente permite que los perpe- tradores escapen, sino que emite una señal que indica que defensoras y defensores pueden ser agredidos sin que los atacantes deban responder por ello y que se tolera el uso de violencia.

Los gobiernos de toda la región no brindaron la protección adecuada a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos, y deben hacerse cargo de esa situación. Los programas de protección para DDH en riesgo existen en Brasil y en Colombia, aunque en ambos casos deben enfrentarse a una serie de variables para cubrir las necesidades del DDH. Un punto positivo del año 2012 fue la adopción en México, en el mes de abril, de una legislación que establece un mecanismo de protección para defensoras y defensoras de los derechos humanos y periodistas en riesgo. Esta ley ofrece el marco legal necesario para la cooperación entre distintos organismos gubernamentales, y da lugar a la participación de organizaciones de la sociedad civil para su implementación, entre otras formas mediante la evaluación de riesgo y toma de decisiones. Sin embargo, ocho meses después de la aprobación de esta ley, el gobierno todavía no adoptó las reglamen- tación y protocolos que se requieren para que el mecanismo esté operativo.

Además, pese a todas estas situaciones de amenazas y ataques físicos, la impunidad en la región siguesiendo muy alta. El hecho de que los responsables no son castigados no solamente permite que los perpe- tradores escapen, sino que emite una señal que indica que defensoras y defensores pueden ser agredidos sin que los atacantes deban responder por ello y que se tolera el uso de violencia.

URGENT CASES

Fernando Jiménez Gutiérrez (izquierda), e Mario Luna Romero
2014/09/29

El 23 de septiembre de 2014, el defensor de derechos humanos Sr Fernando Jiménez Gutiérrez fue detenido cuando se trasladaba a su trabajo en el pueblo de Vícam, Estado de Sonora.

Norma Lila Sut Sancir
2014/09/24

Los defensores de derechos humanos, Sra Norma Lila Sut Sancir y el Sr Carlos Alfredo Juárez Díaz, fueron liberados el 22 de septiembre del 2014 después de su detención en el departamento de Chiquimula, en lo que Front Line Defenders interpreta como un...

2014/09/4

En los próximos días, se espera que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca emita la sentencia que definirá el estatus legal de la defensora de derechos humanos, la Sra Lucila Bettina Cruz Velázquez...

Colectiva Feminista por el Desarrollo Local
2014/09/2

Desde el 10 de Agosto de 2014, defensoras de derechos humanos están siendo amenazadas y son blanco de difamaciones por grupos de prensa en El Salvador. Estas amenazas forman parte de una actual campaña de difamación, señalando a las defensoras de derechos humanos en...

2014/08/26

El 19 de Agosto de 2014, la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, la Sra Silvia Pérez Yescas regresaba a su casa después de un largo tiempo de ausencia, cuando fue informada que en la comunidad de San José Río Manzo habían puesto precio a su...